Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), podría ver vulnerado su derecho de participación democrática
Durante esta semana
que transcurre, la
dirigente de la
izquierda abertzale,
Marije Fullaondo, ha
inscrito en el registro
del Ministerio del
Interior un nuevo
partido con el nombre
de Abertzale
Sozialisten Batasuna
(ASB). El plazo para registrar una formación política para que concurra a las
elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo, prácticamente
finalizaba.
El Ministerio del Interior ha remitido a la Fiscalía la solicitud de inscripción de
ASB, que defiende "exclusivamente las vías democráticas", para comprobar si
vulnera o no la Ley de Partidos.
Hay que constatar que dicha ley, solo obtuvo los votos favorables de dos
formaciones políticas, por lo que no se produjo el consenso por el cual debería
estar respaldada una ley de estas características, ya que el resto de formaciones
políticas no la respaldaron.
Una ley de la importancia que tiene esta, que marca quien y como puede ejercer
el derecho a formar una formación política, para participar activamente en pro de
defender unos postulados, así como poder concurrir a comicios electorales,
donde los ciudadanos puedan expresar su voluntad con respecto a lo que
promulga la formación política. Por lo tanto, debería de haber sido consensuada,
la cual cosa no sucedió, puesto que el resto de formaciones políticas parlamentarias
no votaron favorablemente esa ley, de ahí que nada menos que diez formaciones
políticas no respaldan esa ley.
Obviamente, que aquellos que aspiran al gobierno, fueran los impulsores de esta
ley antidemocrática, no es de extrañar, ya que ellos utilizan la democracia para
tener el poder que durante tantos años tuvieron ilegítimamente, y por su puesto,
también perpetuar la confrontación, la cual rentabilizan con la finalidad de lograr
el objetivo de ser ellos quienes gobiernen.
La ley, que es en lo que se fundamenta un estado de derecho y democrático, no
debe criminalizar a alguien por pertenecer a un grupo en concretos, puesto que no
puede perseguirse a ningún colectivo de ciudadanos. Solo podrá ser criminalizada
aquella persona que cometa un delito, sin que por ello deba acarrear que a
ninguna otra persona cercana, se la aplique medida alguna por el supuesto delito
cometido por la persona criminalizada.
Considero, que nunca debió ni siquiera proponerse una ley de estas
características, cuando mucho menos, otorgarle vigencia para impedir el normal
desarrollo de la actividad política, vulnerando el principio fundamental del
sistema democrático.
